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Viernes, 05 Septiembre 2014 19:54

Científicos del CIAD forman parte de grupo que manifestó sus opiniones con respecto a las afectaciones de la zona del Río Sonora

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Sesenta académicos de ocho instituciones educativas e investigación públicas de Sonora, nacionales e internacionales, de diferentes disciplinas relacionadas con el agua,   hicieron público un documento con seis puntos donde plantean aspectos de responsabilidad de las empresas mineras, procesos de evaluación, monitoreo, remediación de los daños y estrategias de producción económica, haciendo hincapié en que estas propuestas se hagan de manera permanente.

 

Entre los firmantes por parte del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD), están las doctoras Evelia Acedo Félix, Martha Nydia Ballesteros, Gisela Carvallo Ruiz, Gabriel Ramos Clamon Montofort, Jaqueline García Hernández, Leticia García Rico, María del Carmen Hernández Moreno, Alma Rosa Islas Rubio, Diana Luque Agraz, Blanca Rebeca Noriega Orozco, Mauricia Pérez Tello, Isabel Cristina Taddei Bringas, Ana Isabel Valenzuela Quintanar, Luz Vazquez Moreno, Gloria Yepiz Plascencia y los doctores Sergio Sandoval Godoy, Martín Jara Marini, , Lloyd T. Findley Lloyd T. y Alfonso Gardea Béjar.

 

El primer punto cita que Grupo México, propietario de la Mina Buena Vista del Cobre está obligada a tomar acciones inmediatas, mediatas y a largo plazo tendientes a contener, tratar y remediar la contaminación en dicha cuenca. Las medidas contemplan la evaluación del riesgo ambiental y la salud, el monitoreo y remediación de las aguas superficiales, profundas y de los suelos y sedimentos, así como la compensación por los daños a la salud y económicos de la población de los municipios afectados. Dada la dimensión del daño, toda la información debe ser pública, transparente y de libre acceso. El documento también hace mención a la conformación de comités de vigilancia ciudadanizados.

 

Como segundo punto, en el documento se asienta que se acepta la actividad minera como un área fundamental para el desarrollo económico de la región, pero el evento contaminante debe ser un parte-aguas del ejercicio de la minería, es por ello que se comprometen a asesorar a grupos parlamentarios locales y nacionales para modificar la legislación mexicana que regulan estas actividades, no sólo en la producción, sino en el ambiente y la salud de los trabajadores o la población expuesta.

 

En una tercera observación se destaca que el Estado mexicano, tanto federal, como estatal o municipal, actuó de manera tardía, desordenada y sin coordinación. Se afectó a la población en el derrame de tóxicos y con el cierre de pozos y la información proporcionada no es transparente ni oportuna por lo que se demanda su libre acceso a los investigadores, comunicadores y a la opinión pública.

 

Como cuarta propuesta se plantea la conformación de una red nacional amplia de investigación en la calidad del agua, medio ambiente y salud, financiada por Grupo México y otras empresas mineras que permitan obtener información fidedigna para la toma de acciones preventivas, de remediación, restauración y compensación a la población y /o el medio. Además es necesario que la investigación que se realice desde este momento y sus resultados sean públicos y de libre acceso.

 

En el quinto punto hacen referencia al compromiso y nuestra responsabilidad social como investigadores, docentes o comunicadores de la ciencia el informar de una manera clara, sencilla y oportuna a la comunidad sonorense, y de todo el país, sobre los riesgos inmediatos o futuros de la exposición a tóxicos. Es esencial contar con datos científicos oportunos de libre acceso, que permitan aclarar dudas, prevenir y actuar ante cualquier riesgo y/o contingencia. No es admisible que la posesión de datos que puedan afectar la salud y el bienestar de la población sea exclusiva de empresas privadas o de la administración pública.

 

Por último, en el documento se considera que las universidades, los centros y academias de investigación, los colegios y agrupaciones de profesionistas deben de pronunciarse también al respecto, en lo que ya es el mayor daño ambiental producido por la minería mexicana. Es la oportunidad histórica de que la voz de este grupo de científicos sea tomada en cuenta para contribuir a mejorar, las actividades de la industria minera, incorporándole un auténtico sentido de respeto, y responsabilidades social y ambiental.

 

Forman parte de este grupo investigadores de El Colegio de Sonora, Universidad de Sonora, Universidad Veracruzana, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Estatal de Sonora, Hospital Cruz del Norte, Pomona College, Consultores independientes y Profesionistas de Arquitectura, quienes también firmaron este documento.

 

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