Estudios Sociales
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La transformación del coyotaje en el contexto de políticas migratorias restrictivas

The transformation of migrant smuggling in the context of restrictive migratory policies

 

Simón Pedro Izcara Palacios*

 

Fecha de recepción: mayo de 2014

Fecha de aceptación: junio de 2014

 

* Universidad Autónoma de Tamaulipas

Dirección para correspondencia: sizcara@uat.edu.mx

Resumen / Abstract

El artículo está fundamentado en una metodología cualitativa que incluye entrevistas en profundidad a un centenar de agentes facilitadores del cruce fronterizo. El estudio fue conducido entre abril de 2008 y julio de 2012. Examina la transformación del tráfico de migrantes entre México y los Estados Unidos en el contexto de políticas migratorias restrictivas. El artículo concluye que los polleros mexicanos han perdido independencia, porque ahora tienen que pagar múltiples sobornos y necesitan contar con el apoyo de los empleadores estadounidenses para poder conducir a los migrantes desde el lugar de origen hasta el punto de destino en los Estados Unidos. 

Palabras clave: política migratoria, tráfico de migrantes, delincuencia organizada, México, Estados Unidos.

This paper is based on a qualitative methodology that includes in-depth interviews with one hundred migrant smugglers. This study was conducted between April 2008 and July 2012, and examines the transformation of migrant smuggling between Mexico and the United States in the context of restrictive migratory policies. The paper concludes that Mexican migrant smugglers have lost independence, because now they have to pay multiple bribes and they need the sponsorship of US employers to conduce undocumented immigrants from their place of origin to the United States.  

Key words: migratory policy, migrant smuggling, migrant smugglers, organized crime, Mexico, United States.

Introducción1

Las políticas restrictivas de la inmigración en Estados Unidos dieron inicio a una nueva actividad: el tráfico de migrantes.2 Aquellas personas que no podían entrar legalmente a los Estados Unidos demandaron la ayuda de profesionales para entrar de modo subrepticio al país. La ley de exclusión de los chinos de 1882 condujo al contrabando de ciudadanos de este país, bien a través de los puertos de Ensenada, Guaymas o Mazatlán para ser conducidos hasta California o El Paso, o bien, a través de la Columbia Británica. De modo que, en 1891, ya se había implantado un control de los flujos migratorios por vía terrestre desde México y Canadá (Gómez, 1990: 133); aunque la connivencia de los oficiales de aduanas con los traficantes aligeró el flujo de indocumentados (Griffith, 2004). Asimismo, las restricciones a la migración europea en 1921 y 1924 impulsaron el tráfico de europeos a través de México (Andreas, 2011: 141). Sin embargo, la generalización de la migración irregular asistida por agentes facilitadores del cruce fronterizo es un fenómeno reciente. En 1970 solo 8.4% de los migrantes detenidos por la patrulla fronteriza pagaron a un traficante (Griffith, 2004, 142). Como contraste, el reforzamiento del control fronterizo en las siguientes décadas dificultó la entrada subrepticia al país vecino e hizo que cada vez más migrantes se viesen obligados a contratar a agentes facilitadores del cruce fronterizo. En la actualidad es muy difícil cruzar la frontera entre México y Estados Unidos sin la ayuda de un agente facilitador del cruce fronterizo. Como decía Valerio: “está muy difícil en este tiempo que alguien pase solo porque ya no es como antes, ahora es requisito pasar con pollero, porque solo está muy difícil cruzar; antes los que se iban y ya habían ido antes, después iban solos porque ya sabían y hoy ya no es así”.

El tema del coyotaje ya lo he abordado en otras publicaciones. En Izcara Palacios (2012a, 2013b y 2014a) he estudiado el coyotaje a pequeña escala y el declive y contracción de las redes de tráfico de migrantes; en Izcara Palacios (2012c y 2013a) he analizado el problema de la corrupción y en Izcara Palacios (2012b) he examinado los nexos entre el coyotaje y los grupos delictivos.

Este artículo examina el proceso de transformación del coyotaje en un contexto de políticas migratorias restrictivas. En primer lugar se describe el debate teórico en torno a las políticas de control fronterizo; en segundo lugar se explica la metodología utilizada, así como los sesgos del diseño metodológico; en tercer lugar se analiza cómo ha evolucionado el control del tráfico de migrantes en México; después se describe cómo ha cambiado el control esta actividad en los Estados Unidos y, finalmente, se examina la naturaleza de los lazos existentes entre empleadores y polleros.

El debate teórico sobre las políticas restrictivas de control fronterizo

La Ley de Reforma y Control Migratorio de 1986 (IRCA), al amnistiar a 2.3 millones de extranjeros e incrementar el control fronterizo, puso fin a una etapa relativamente tolerante hacia la migración indocumentada. El crecimiento de las actitudes anti-inmigrante en los años noventa condujo al desarrollo de políticas cada vez más restrictivas. La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996 y la Ley Patriota de 2001 introdujeron mecanismos para acelerar las deportaciones, removieron las barreras legales que protegían a los inmigrantes indocumentados, y criminalizaron la migración irregular.

Los atentados del 11 de septiembre ahondaron un proceso donde la migración irregular se convirtió en un asunto de seguridad nacional y se equiparó a la amenaza del narcotráfico y del terrorismo. Por otra parte, el fracaso de las propuestas de reforma migratoria de 2005, 2006 y 2007, que contenían como elementos centrales el reforzamiento de las fronteras, el establecimiento de sanciones a empleadores y la criminalización de los indocumentados y de aquellos que les otorgasen ayuda, hizo que los estados actuasen de modo prolífico en materia migratoria. La actuación más notoria fue la ley de inmigración de Arizona SB 1070, que criminalizó determinadas conductas asociadas a la presencia irregular en Arizona, así como transportar o albergar a personas sin documentos.

En Estados Unidos, el debate teórico en torno al control de la migración irregular aparece dominado por la teoría económica neoclásica, que concibe la migración subrepticia en términos negativos. Borjas (1994, 2003 y 2006) distingue entre la emigración legal cualificada, que reduce la desigualdad social y contribuye positivamente al sistema de seguridad social, y la emigración ilegal no cualificada, que genera desigualdad social, deprime los salarios y oportunidades económicas de los trabajadores nativos menos cualificados, y genera un costo al sistema de seguridad social. La conclusión derivada de esta valoración es que mientras la primera es deseable, la última debe ser detenida.

La teoría económica neoclásica explica la emigración como una decisión individual guiada por un cálculo de costos y beneficios. Según Harris y Todaro (1970: 127) la emigración responde a una decisión individual guiada por una racionalidad económica que busca una maximización del ingreso esperado a través del desplazamiento desde áreas deprimidas hacia zonas con salarios más elevados. Chiswick (1998: 103) señala que Entre aquellos que no pueden migrar legalmente, los costos y los beneficios son importantes en la determinación de quién deviene un extranjero ilegal. Los costos de la migración juegan un rol más importante en la migración ilegal que en la legal.3 Por lo tanto, el objetivo de detener la inmigración ilegal solo puede lograrse elevando los costos de la misma. El autor señala que la migración irregular mexicana obedece al bajo costo de cruzar la frontera en contraste con los elevados beneficios derivados de la inmigración irregular, que multiplica por tres los salarios recibidos en México una vez descontados todos los gastos. Como consecuencia, es una combinación de bajos costos y elevados beneficios lo que estimula la migración subrepticia de México a Estados Unidos (Chiswick, 1998: 105).

Con el objeto de elevar los costos de la emigración irregular se implementó a partir de los años noventa la estrategia denominada “prevención por medio de la disuasión”, consistente en un reforzamiento del control fronterizo con más patrulleros, con la construcción de más muros y con la adquisición de tecnología militar para detectar y detener el flujo de migrantes (Izcara, 2013a: 83). Sin embargo, según Chiswick (1998: 113) dificultar la entrada no es suficiente para revertir la inmigración ilegal, también es necesario sancionar a los inmigrantes ilegales asentados en el interior del país, ya que sancionar a los empleadores es menos efectivo. Como resultado, a partir de mediados de la primera década del siglo XXI se implementó la estrategia de “cumplimiento con consecuencias”, con objeto de identificar a aquellos migrantes que cometieron actos criminales, a través de tres programas: 1) el Programa 287(g); 2) el Programa Comunidades Seguras, y 3) el Programa Nacional de Operaciones contra Fugitivos. La Operación Streamline, la Operación contra los Contrabandistas e Iniciativa sobre Seguridad y el Programa de Repatriación Interior también forman parte de esta estrategia.

Las estrategias, fundamentadas en la teoría económica neoclásica, no han logrado contener la inmigración ilegal. La probabilidad de aprehensión descendió durante los años noventa, ascendió entre 2001 y 2006; pero volvió a declinar en 2011 (Rosenblum, 2012: 29). Es por ello que los postulados de la teoría económica neoclásica han sido criticados tanto desde enfoques económicos heterodoxos (la teoría institucional y la nueva economía de la migración laboral) como desde enfoques sociológicos (la teoría de redes migratorias, la teoría de la causación acumulativa y la teoría transnacional). Como respuesta a la inadecuación del modelo neoclásico para responder a una mayor complejización de los procesos migratorios en un contexto internacional, en los años ochenta emerge la nueva economía de la migración laboral, que enfatiza los factores no salariales (Izcara, 2010b). La nueva economía de la migración laboral explica los flujos migratorios como: 1) una respuesta a un funcionamiento inadecuado del mercado; 2) una decisión familiar, 3) un proceso de carácter no permanente y 4) un sentimiento de “privación relativa”, que es originado por una situación de desigualdad dentro del grupo de referencia (Stark y Yitzhaki, 1988: 57; Stark y Wang, 2000: 131).

Los enfoques sociológicos sostienen que incrementar el costo de emigrar, como subraya la teoría económica neoclásica, no frena la emigración subrepticia porque esta se nutre del capital social del migrante. Massey et al. (2009: 166) destacan que los flujos migratorios son difícilmente manipulables por políticas públicas, ya que el capital social acumulado por los migrantes les torna autosostenibles. Según la teoría de redes migratorias los migrantes pueden evadir una mayor vigilancia fronteriza porque su capital social les permite proveerse de la información y los recursos económicos necesarios para contratar los servicios de “polleros” (Durand y Massey, 2009: 173). Así, uno de los elementos de la nueva estrategia de “cumplimiento con consecuencias”: el programa de Transferencia de Extranjeros y Programa de Salida, fue diseñado para erosionar el capital social de los migrantes. Este programa condujo a un incremento sustancial de las devoluciones laterales, por lugares distintos a los puntos de cruce, para impedir o dificultar que los migrantes pudiesen acceder a su capital social (Berumen et al., 2011: 8).

Massey y Gentsch (2014: 496) subrayan que las sanciones a los empleadores no combaten la emigración subrepticia, sino que revierten sobre los migrantes a través de una merma de salarios. Los costos y riesgos de las sanciones, lejos de evitar que los empleadores contraten trabajadores indocumentados, son transferidos a los migrantes en la forma de salarios más bajos. Esto explica el deterioro de los salarios de los migrantes mexicanos a partir de 1986.

La teoría de redes migratorias y la nueva economía de la migración laboral constituyen modelos teóricos desarrollados en las últimas tres décadas que presentan una aceptación creciente; como contraste, la teoría institucional puede retrotraerse un siglo, pero, como señala Champlin (2010: 301), los economistas institucionales no han publicado ninguna investigación nueva en el tópico de la migración en muchos años. Los teóricos institucionalistas no presentan una visión homogénea del tema migratorio (Peach, 2007); sin embargo, se distancian del modelo económico neoclásico en su actitud más positiva hacia la migración irregular. Así, por ejemplo, Veblen (1918) consideraba las identidades nacionales ineficientes y se mostraba contrario a las restricciones a los movimientos migratorios.4 En contraste con el modelo neoclásico, que propone el establecimiento de sanciones a los inmigrantes para evitar los efectos adversos sobre la mano de obra local, los teóricos institucionalistas proponen implementar las leyes de salarios mínimos, que consideran más constructivas que las sanciones a los empleadores (Gordon, 1975: 490) o el establecimiento de sanciones contra los empleadores que explotan a los trabajadores en lugar de sanciones contra aquellos que emplean a indocumentados (Champlin, 2010: 307).

Por otra parte, frente al énfasis de la teoría de redes migratorias y la nueva economía de la migración laboral en el análisis de las condiciones sociolaborales en la sociedad emisora, los teóricos institucionalistas centran su análisis en el mercado laboral del país receptor; en concreto, en las prácticas de reclutamiento adoptadas por empleadores ávidos de mano de obra indocumentada. Las políticas restrictivas de control fronterizo se consideran ineficaces, además de caras y faltas de ética, porque al reducir el flujo de indocumentados ocasionan un incremento del reclutamiento de trabajadores migratorios, autorizados o no autorizados (Champlin, 2010: 309). Esto implica que políticas restrictivas de control fronterizo conducen no solo a una presión de los empleadores para que se amplíen los programas de trabajadores huéspedes; sino también a una participación de estos en el reclutamiento de mano de obra indocumentada.

La línea que divide a los teóricos institucionalistas del resto de las aproximaciones teóricas consideradas es el acento en los empleadores en lugar de apuntar a los migrantes. Como señala Rodríguez (2004: 468) si los empleadores no los contratan, esto es, si los trabajadores migratorios no pueden acceder a los mercados laborales estadounidenses, entonces la mayor parte de la inmigración que vemos hoy colapsaría. Según Piore (1979) las diferencias salariales entre las economías emisora y receptora no constituyen la variable explicativa de la migración laboral. Es decir, los procesos migratorios no surgen de modo espontáneo sobre la base de una información precisa que conduzca a decisiones racionales, sino que son iniciados por los empleadores.

Metodología

Esta investigación está fundamentada en una metodología cualitativa. La técnica que se aplicó para recabar el material discursivo fue la entrevista en profundidad, que fue aplicada en dos ocasiones con cada entrevistado. El primer encuentro se realizó con una guía que modifiqué a medida que el contacto con la realidad empírica hizo emerger nuevas líneas de indagación. La segunda visita se condujo con una guía que construí específicamente para cada uno de los entrevistados. Este encuentro tenía como objetivo profundizar en aquellos aspectos que quedaron inconclusos durante la primera visita.

El procedimiento utilizado para seleccionar la muestra fue el muestreo en cadena y el tamaño de la misma obedeció a una saturación del campo de diferencias en la producción discursiva de los hablantes. La recolección de información prosiguió hasta obtener discursos redundantes que permitiesen entender la transformación del tráfico de migrantes entre México y Estados Unidos.

Se buscó activar la disposición de los entrevistados para relatar sus experiencias a partir de tres elementos: 1) El carácter anónimo de los datos recabados. Se instruyó a los entrevistados para que no mencionasen nombres de personas y no se recogió ningún dato que revelase la identidad de los interlocutores ni de otras personas aludidas en la interacción conversacional. 2) Redacté una guía que partía de los aspectos menos intrusivos, a los cuales los interlocutores respondían con mayor comodidad y continuaba con aspectos cada vez más intrusivos. Además, modifiqué esta guía en numerosas ocasiones para excluir cuestiones que quedaron saturadas o proporcionaban poca información, e incluir nuevos aspectos que emergieron del contacto con la realidad empírica. 3) La relación discursiva con los entrevistados fue de no confrontación. No se expresaron juicios de valor sobre las respuestas obtenidas ni se forzó la búsqueda de respuestas a preguntas específicas, ya que esto hubiese agrietado la empatía. Aunque, después de que analicé el contenido de cada entrevista redacté una nueva guía de preguntas que buscaba lograr que los entrevistados ofreciesen más información sobre aspectos que esquivaron en el primer encuentro.

El trabajo de campo fue realizado entre abril de 2008 y julio de 2012. La muestra estuvo compuesta por cien polleros originarios de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz, Coahuila, México D. F. y Texas, que transportaban migrantes procedentes de diferentes puntos de México: Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Guanajuato, Puebla, México D. F., Chihuahua, Jalisco, Sonora, Tabasco, Zacatecas, Michoacán, Sonora y Baja California, además de Centroamérica, Brasil, Hungría e India, para ser conducidos hasta Texas, Carolina del Norte, Florida, Virginia, Luisiana, Carolina del Sur, Misisipi, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Alabama, Arizona, Arkansas, California, Minnesota, Misuri, Nueva Orleáns, Nuevo Mexico, Colorado, Georgia, Idaho, Illinois, Kansas, Michigan, Montana y Nevada.

El procedimiento utilizado para analizar los discursos recabados incluyó tres etapas: 1) simplificación de la información y selección de los datos discursivos más relevantes, 2) categorización de la información y 3) ordenación final de los datos discursivos (Izcara, 2014b: 54).

Los sesgos del diseño metodológico utilizado

El procedimiento utilizado para seleccionar la muestra, de carácter intencional, no aleatorio, no permite extrapolar los resultados de esta investigación en términos de error estadísticamente cuantificable. Esto no significa que los datos no tengan un carácter indicativo. Asimismo, el muestreo en cadena genera muestras excesivamente homogéneas, ya que los informantes introducen a personas que muchas veces comparten sus mismos puntos de vista. Sin embargo, en el caso de la temática abordada este constituye el único procedimiento factible, ya que otros instrumentos, como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, no pueden medir el tráfico de indocumentados (INEGI, 2014).

Por otra parte, la muestra estudiada incluye situaciones de gran parte de la geografía de México y Estados Unidos; sin embargo, sobre representa el noreste de México y el sureste de Estados Unidos, y es poco representativa del oeste de los Estados Unidos, y del centro y oeste de México, que constituye el área que tradicionalmente ha registrado el mayor flujo migratorio internacional. Asimismo, esta muestra sobre representa la situación prevaleciente en el sector agrario, ya que gran parte de las redes estudiadas abastecían de mano de obra indocumentada a empresarios agrarios (ver tabla 5 más adelante).

El control del tráfico de migrantes en México

En México, los agentes facilitadores del cruce fronterizo y los migrantes siempre han sido objeto de la rapiña de las autoridades, bandidos y delincuentes locales. Andreas (2011: 143) señala que viajar sin la ayuda de un pollero implica un mayor riesgo de sufrir el abuso de las autoridades o de ser asaltado por bandidos. Como contraste, Orraca y Corona (2014: 29) subrayan que los migrantes conducidos por coyotes están expuestos a un mayor riesgo de morir al cruzar la frontera.

La delincuencia organizada tardó en interesarse por el tráfico de migrantes. La guerra contra las drogas y los enfrentamientos entre cárteles erosionaron los ingresos de los grupos delictivos e incrementaron sus gastos (Pérez, 2012: 145), esto condujo a una búsqueda de nuevas fuentes de financiación, como el flujo migratorio irregular.

A finales de la primera década del siglo XXI en numerosos puntos del país, sobre todo en los territorios fronterizos, los grupos delictivos construyeron una red de inteligencia para detectar y lucrar con los movimientos irregulares de personas (Izcara, 2012b: 55). Como señalaba un pollero de 36 años de edad que transportaba migrantes tamaulipecos a Texas: ellos tienen espías en todos lados y se enteran, nada más hablan por el radio mandando una alerta y ya están enterados todos. Los agentes facilitadores del cruce fronterizo pronto comprendieron que debían pagar cuotas a los delincuentes para poder operar.

Como decía un pollero de 32 años de edad entrevistado en 2012: si no pagas cuota, ya sabes, te matan. Son muchos los polleros que han desaparecido en los últimos años, así como los migrantes que conducían (CNDH, 2011: 26; Amnistía Internacional, 2010: 10). Las siguientes expresiones muestran cómo la delincuencia organizada logró acaparar la gestión del flujo de migrantes eliminando tanto a los polleros que se rehusaban a pagar cuotas como a sus competidores por el derecho a ejercer violencia contra los migrantes (los delincuentes locales y las autoridades).

a muchos polleros se los han llevado y no regresan (pollero de 41 años de edad entrevistado en 2012).

los (polleros) que son nuevos, que van por primera vez, que se rehúsan a pagar cuota, no la libran en los cruces de la frontera, aparecen muertos en el camino (pollero de 33 años de edad entrevistado en 2012).

cada día hay menos polleros porque a muchos los han desaparecido (pollero de 37 años de edad entrevistado en 2012).

han matado a muchos policías porque eran corruptos y abusaban de su autoridad (pollero de 45 años de edad entrevistado en 2012).

han dado de baja a muchos policías, a los que hacían delitos de corrupción ya no están trabajando (pollero de 30 años de edad entrevistado en 2012).

En la actualidad los propios migrantes preguntan a los polleros si ellos están al corriente del pago de las cuotas. Un pollero que desde 2002 conduce migrantes de Tamaulipas y San Luis Potosí a Arizona expresaba del siguiente modo la desconfianza de los migrantes y su interés por saber si el pollero que van a contratar paga el impuesto correspondiente a la delincuencia organizada:

yo empecé a batallar desde que pasaron los muertos de San Fernando de aquí de Tamaulipas, desde ese tiempo las personas ya no quieren ir muy bien. Yo como quiera las convenzo de ir al otro lado; pero me cuesta más porque me preguntan por dónde vamos a pasar, por qué lugares nos vamos a ir, quién nos va a ayudar, me preguntan mucho que si yo pago la cuota, o renta, por pasar.

El interés de los migrantes en saber si los polleros pagan cuotas se debe a que algunas partes del territorio fronterizo mexicano han sido arrebatadas al Estado, allí la delincuencia organizada impone su ley, de modo que si un pollero no paga cuotas, a aquellos que conduce los pueden matar, despedazarlos y tirarlos para que los vean y les sirva de escarmiento (pollero de 45 años de edad entrevistado en 2012).

Los polleros que pagan las cuotas generalmente transitan sin que las autoridades ni los delincuentes locales les extorsionen (Izcara, 2012a: 361). Una de las entrevistadas explicaba cómo cuando los grupos delictivos acapararon el monopolio de la violencia contra los migrantes las redes de tráfico de migrantes pudieron operar sin contratiempos en el territorio mexicano:

antes sí (había asaltantes); ahora no, la gente (delincuencia organizada) ha venido a aplacarlos y es que cuando existían (asaltantes) estaban de acuerdo con las policías, y por eso no defendían a la gente (los migrantes); pero ya no pasa porque la gente (delincuencia organizada) los aplaca.5

Asimismo, un pollero que desde 1995 conducía migrantes del noreste de México hasta Texas manifestaba cómo el impuesto que pagaba a la delincuencia organizada le otorgaba protección contra la extorsión de la que era objeto por parte de las fuerzas policiales: como siempre he pagado renta, pues recibo protección y, pues, me quejé, y ya no me molestaron las personas que tenían autoridad aquí, como los granaderos (la policía); ellos eran los que molestaban aquí, pero ya no.

Los delincuentes locales han sido eliminados o anexados por los grupos delictivos y, en algunos, casos las autoridades han pasado a realizar actividades de policía para los delincuentes interceptando a aquellos migrantes que intentan atravesar el territorio nacional sin pagar cuotas. Kyle y Scarcelli (2011: 297) han señalado que los agentes autorizados para detener a quienes no pueden demostrar su derecho legal a estar en el país (personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal) venden migrantes a los grupos delictivos desde tan solo cien dólares por persona. Asimismo, Amnistía Internacional (2010: 11) y la CNDH (2011: 28) han subrayado el temor que los migrantes tienen a que los agentes del INM les entreguen a la delincuencia organizada y la complicidad de la autoridad (personal del INM, policía municipal, estatal y federal) con los secuestradores.

El control del tráfico de migrantes en Estados Unidos

En Estados Unidos el tráfico de migrantes es una actividad que siempre ha sido tolerada en cierta medida. El Acta McCarren-Walter de 1952 sancionó el hecho de dar cobijo a los indocumentados, pero, como señala Lara (2014: 52), la enmienda conocida como “Texas Proviso” permitió contratar trabajadores mexicanos en pésimas condiciones y estimuló la migración irregular. En 1986 IRCA introdujo las sanciones a los empleadores al señalar que es ilegal para una persona u otra entidad contratar, reclutar o pagar por empleo en los Estados Unidos a un extranjero con conocimiento de que el extranjero es un extranjero no autorizado -SEC. 101 (a)(1)(A). Pero, si el empleador no tiene conocimiento de que su empleado es un extranjero no autorizado, la ley lo protege (Izcara, 2010a: 62). Como manifestaba un pollero de 32 años de edad entrevistado en 2012: con ellos (los indocumentados) no batallan porque si llega la migra y los agarra, el gringo queda limpio. Los patrones se limitan a cumplir con los trámites legales dando de alta a sus empleados en la Administración de Seguridad Social (SSA) a través del llenado de las formas I-9; pero hacen caso omiso de las cartas de no concordancia entre los nombres y los números de Seguridad Social de sus empleados remitidas por la SSA. Como ha señalado Lyon (2005: 274) la ley migratoria estadounidense se hace de la vista gorda cuando los empleadores emplean a alguien que presenta documentos comprados. Asimismo, Massey y Gentsch (2014: 482) han constatado empíricamente que el posible enfrentamiento a penas de prisión por contratar indocumentados no frenó a los empleadores, que incrementaron las contrataciones de migrantes irregulares a quienes pagaron salarios más bajos que antes de 1986.

IRCA condujo a una avalancha de falsificación de documentos (Izcara Palacios, 2013a: 97). Según los entrevistados son los empleadores quienes exigen a los migrantes que compren documentos apócrifos. Expresiones como: los papeles se los arreglan los patrones (pollero de 34 años de edad entrevistado en 2008); los capataces son los encargados de conseguirlos, solo que se los venden y se los van descontando poco a poco de lo que ganan (pollero de 30 años de edad entrevistado en 2008); hay personas que se dedican a esto de conseguirlos y de hacerlos (los papeles apócrifos); en ocasiones son personas que tienen un convenio con las personas que ocupan mojados, por eso no batallan en conseguirlos, cuando se ocupan solo se piden y listo (pollero de 40 años de edad entrevistado en 2009); los patrones los consiguen, ellos hacen el trámite completo, uno solo va y ya se te piden datos y ya te los dan, ellos lo arreglan, por eso no sé cuánto cuesten, porque los venden (pollero de 45 años de edad entrevistado en 2011); esos papeles se los arregla el patrón (pollero de 39 años de edad entrevistado en 2011) o se les toma los datos y la foto y huellas y ya están listos, se les dan para que trabajen, solo les sirven para eso, el patrón siempre se los ha arreglado así (pollero de 40 años de edad entrevistado en 2011) dejan entrever que en algunos casos la falsificación de documentos es un negocio impulsado por los empleadores estadounidenses.

En algunas entrevistas se insinuaba que las autoridades migratorias conocían la extensión del problema de la falsificación de documentos oficiales; pero que no hacían nada al respecto. Una pollera que transportaba entre 10 y 40 personas al mes para una red que funcionaba como agencia de colocación, describía de este modo los papeles falsos:

son hechizos, no tienen validez, solo son para trabajar y para identificación de la migra, cuando la migra de allá, de Estados Unidos, ve unos papeles falsos, ellos ya los conocen, saben que su patrón ya pagó por esta persona y no la molestan más.

Asimismo, un pollero que regresa cada dos meses a México para llevarle indocumentados a su patrón, un empresario agrario tejano, para quien comenzó a trabajar en 1991, decía:

a mí me tocó trabajar con tarjetón falso, tenía tus datos personales, tu foto, pero no era de deberas, era de mentiras, ahí te lo hacía; los migras sabían de esto porque en ocasiones ellos eran los que los llevaban o ellos mismos sabían dónde se hacían.

Los datos recogidos en esta investigación indican que el uso de documentos apócrifos comenzó a decaer a finales de la primera década del nuevo siglo. En la tabla 1 puede apreciarse un decremento del uso de papeles falsos en los últimos cinco años. En 2008, el 42% de los entrevistados afirmaba que a los migrantes que conducían a los Estados Unidos se les proporcionaba documentación apócrifa para que pudiesen trabajar, mientras que en 2012 este porcentaje descendía al 13%. Según los entrevistados esto obedece a la construcción de acuerdos monetarios entre algunos empleadores y las autoridades migratorias. Ellos hablan de dos tipos de cuotas: las de los patrones y las de los agentes facilitadores del cruce fronterizo.  

Las cuotas de los patrones hacen referencia a arreglos económicos entre algunos empleadores y algunos agentes del Buró de Inmigración y Aduanas (ICE) para no realizar inspecciones en los lugares de trabajo donde laboran inmigrantes indocumentados. En las entrevistas se señalaba que estos acuerdos comenzaron a fraguarse entre los años 2004 y 2005. Un pollero de 32 años de edad entrevistado en 2012 decía:

(los empleadores) se arreglan con ellos (las autoridades migratorias) desde hace mucho tiempo, antes se hacía con papeles falsos y ellos no decían nada, ellos aceptaban, y después ya se hizo más fácil, con dinero en la mano; fue como en el 2005 más o menos.

Las cuotas de los agentes facilitadores del cruce fronterizo hacen referencia a arreglos económicos entre algunos empleadores y algunos agentes del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con objeto de permitir el cruce subrepticio de inmigrantes a través del territorio fronterizo (Izcara, 2014a: 94) En las entrevistas se mencionaba que estas cuotas aparecieron tres años después, entre los años 2007 y 2008. En este sentido, en al tabla 2 puede apreciarse un incremento de los arrestos por corrupción de los agentes del CBP del sector suroeste en 2009.

Sin embargo, estos arreglos monetarios no constituyen un salvoconducto que garantiza automáticamente el libre paso de los migrantes. Un pollero que todos los años regresaba en marzo y julio a México para llevarle a un empresario agrario de Luisiana jornaleros indocumentados decía: mi patrón está en contacto con ellos (autoridades migratorias) y él les dice cuándo vamos a ir. En los once años que llevaba realizando esta actividad había tenido numerosos contratiempos. Aunque él decía que siempre que le detuvieron pudo arreglarse con las autoridades migratorias a través del pago de un soborno. En dos ocasiones estuvieron a punto de deportarle, pero la intervención de su patrón permitió que le dejasen en libertad.

Las afirmaciones de los entrevistados deben ser interpretadas con cautela, ya que muchos tendían a exagerar el grado de corrupción dentro del ICE o del CBP. Los entrevistados hablan de forma profusa del cobro de sobornos por parte de las autoridades migratorias; pero cuando se les pidió que diesen información específica de los montos recibidos tendían a afirmar que desconocían estos detalles porque se trataba de acuerdos entablados entre los empleadores estadounidenses y las autoridades de ese país. Solo once entrevistados reconocieron haber sobornado ellos mismos a los agentes migratorios (véase la tabla 3). Aunque en ocasiones los empleadores constituyen el canal a través del cual los agentes facilitadores del cruce fronterizo pagan a las autoridades. Un pollero que desde el año 1997 surtía de indocumentados a un empresario del sector de la construcción de Houston, así como a otros constructores de esa localidad, decía que pagaba una cantidad de dinero a uno de los empresarios y este se lo daba a las autoridades migratorias para que le dejaran cruzar libremente la frontera. Cuando le preguntamos si su patrón pagaba a las autoridades para que le dejasen pasar, él respondió: sí, él paga, pero yo aporto el dinero para que él pague.

Hasta el año 2010 eran muy pocos los entrevistados que manifestaban que existía corrupción dentro del ICE o del CBP. Sin embargo, a partir de 2011 los entrevistados comienzan a hablar más abiertamente sobre este tema. El 37% de los entrevistados nunca mencionó que las autoridades migratorias estadounidenses fuesen corruptas; pero mientras este porcentaje ascendía al 74, 83 y 100% en los años 2008, 2009 y 2010, se desplomaba hasta el 17 y 0% en 2011 y 2012. Todos los polleros entrevistados en 2012 mencionaron el tema de la corrupción. Casi una cuarta parte de los entrevistados manifestaba que conocían a algún empleador estadounidense que tenía algún tipo de acuerdo monetario con las autoridades migratorias para que los dejasen emplear y/o transportar indocumentados de modo subrepticio, y un 9% conocía a empleadores que tenían arreglos con agentes migratorios, aunque no especificaron si involucraban el pago de sobornos. Aunque en el año 2012 este porcentaje se elevaba al 52 y al 10%, respectivamente.

Esto contrasta con el reducido número de agentes facilitadores del cruce fronterizo que reconocieron haber pagado ellos mismos sobornos a los agentes migratorios. Aunque, es posible que el número de entrevistados que afirmaron haber pagado sobornos esté infra dimensionado porque estos se sentían más cómodos hablando en tercera persona.

El perfil de los empleadores que sobornan a las autoridades migratorias, según los entrevistados, corresponde, principalmente, al de empresarios que dan empleo a más de un centenar de indocumentados en sectores como la agricultura o la construcción. Esto no significa que los pequeños empleadores no se beneficien de estos arreglos, porque algunos empresarios proporcionan trabajadores a otros empleadores; además, los entrevistados también mencionan a asociaciones de productores y agencias de colocación involucradas.

Según los entrevistados los acuerdos entre empleadores y autoridades migratorias han transformado el negocio del tráfico de migrantes. Ellos dicen que una década atrás la patrulla fronteriza tenía menos efectivos, pero cruzar la frontera era más difícil porque cuando los migrantes eran interceptados eran deportados. Ahora algunos polleros dicen que pueden cruzar la frontera con mayor facilidad. Un pollero de 28 años de edad entrevistado en 2012 relataba en un tono casi cómico esta situación:

a los migras les pagan para que los arresten y los regresen a México, pero si el mexicano o el patrón del mexicano ya pagó para que no lo detengan, no lo detienen, y se chingan, se quedan con las ganas de agarrarlos.

Un pollero de 39 años de edad entrevistado en 2012 decía que los agentes del CBP lo dejaban pasar por el puente con 25 migrantes cada vez que cruzaba la frontera porque debían obedecer a sus superiores, que tenían arreglos con su patrón, un empresario agrario de Florida y concluía tajantemente: migra es igual que corrupción, a las personas que agarran es porque no quieren mocharse (pagar cuotas) los patrones. Asimismo, un pollero que fue detenido en dos ocasiones por la patrulla fronteriza, señalaba:

ellos de eso se la viven, y la cuota siempre la tiene que pagar uno a terreno (forzosamente) con ellos los migras (…) yo he mirado cómo los golpean, cómo tratan a la agente; pero es por lo mismo que no se portan bien con la cuota y es lógico que los humillen, o les pegan si no se portan bien con la cuota, y como yo, hasta orita, me he portado bien en la cuota, pues me dan chance (me permiten pasar).

Los entrevistados hablan de una generalización de la corrupción; sin embargo, no es posible comprobar el grado de veracidad de estas afirmaciones.

Los lazos entre empleadores y agentes facilitadores del cruce fronterizo

Uno de los elementos más distintivos de la transformación del coyotaje es el fortalecimiento de los lazos entre algunos empleadores de sectores demandantes de mano de obra no cualificada y las redes de tráfico de migrantes.

La tabla 4, que describe la procedencia de los ingresos de los polleros entrevistados, muestra los lazos entre empleadores y redes de tráfico de migrantes. Menos de un tercio de las redes obtenían sus ingresos de la comunidad migrante. Como contraste, más de la mitad de las redes recibían apoyo monetario de los empleadores estadounidenses.

Diez polleros no cobraban tarifas a los migrantes porque los empleadores estadounidenses pagaban todos los gastos de operación. El resto cobraban una tarifa a los migrantes, y además recibían dinero de los empleadores estadounidenses. Treinta recibían una pequeña compensación por cada viaje; diez recibían un pago fijo comprendido entre 300 y 1,000 dólares por cada migrante reclutado y dos recibían el salario ganado por los migrantes durante la primera o las dos primeras semanas de trabajo.

Por otra parte, dieciséis polleros eran remunerados por su organización. Doce recibían una retribución periódica que oscilaba entre 25 mil pesos bimestrales y 80 mil pesos mensuales; tres recibían un pago comprendido entre 500 y 700 dólares por cada migrante transportado, y uno de los entrevistados recibía de su organización 500 dólares por cada migrante transportado; pero también cobraba a cada uno de estos entre 100 y 200 dólares.

La tabla 5 ofrece una información más precisa sobre el alcance de la relación entre empleadores y agentes facilitadores del cruce fronterizo. Solo 31 redes trabajaban única o principalmente para los migrantes. Los ingresos de estas redes provenían principalmente de los pagos realizados por los migrantes, que eran transportados hasta el lugar indicado por sus familiares. El resto de las redes trabajaban única o principalmente para los empleadores estadounidenses; de modo que los migrantes son seleccionados de acuerdo a las características demandadas por los empleadores.

La diferencia principal entre las redes que trabajan para la comunidad migrante y aquellas que lo hacen para los empleadores no se encuentra en la fuente de ingresos de las mismas; sino en las estrategias de reclutamiento. La mayor parte de las redes que trabajan para los empleadores exigen a los migrantes el pago de una tarifa elevada. Ocho de estas redes dependían exclusivamente del apoyo económico de los empleadores, pero el resto de las redes exigían a los migrantes realizar “ex-ante” un desembolso económico.

La mayor parte de los migrantes demandados por los empleadores (al igual que aquellos que son transportados por las redes que trabajan para los migrantes) venden sus pertenencias, se endeudan o piden dinero a amigos y familiares para hacer frente al pago de la tarifa que les cobran los polleros. Lo que diferencia unas redes de otras es el modo como reclutan a los migrantes.

El primer tipo de redes solo examinan la solvencia económica de los migrantes: no tienen inconveniente en conducir niños de poca edad, mujeres o personas mayores. Por el contrario, las redes que trabajan para los empleadores son muy escrupulosas en la forma como reclutan a los migrantes; únicamente transportan a aquellos que cumplen con las características exigidas por sus futuros patrones: generalmente buscan a gente joven, sana, trabajadora y que no tenga vicios. Los migrantes que no cumplen con los requisitos demandados por los empleadores no son transportados, aunque puedan pagar la tarifa cobrada por estas redes.

Finalmente, la tabla 6, que explica cómo los entrevistados se introdujeron en el negocio del coyotaje, permite entender mejor la naturaleza de la relación entre empleadores y agentes facilitadores del cruce fronterizo. Únicamente un tercio de los entrevistados aprendieron este oficio de modo tutelado, generalmente bajo la guía de un amigo o familiar. Como contraste, dos tercios de los entrevistados habían aprendido este oficio de modo autodidacta. Después de haber cruzado la frontera en numerosas ocasiones, guiados por un pollero, adquirieron conocimientos sobre las rutas por donde cruzar. Siete se introdujeron en este negocio por iniciativa propia, sin contar con ningún apoyo, el resto contaron con el apoyo de un empleador estadounidense: 32 se introdujeron en este negocio por iniciativa y petición del empleador y 27 tomaron ellos la iniciativa, aunque fue el apoyo de un empleador lo que hizo que continuasen dedicándose a esta actividad. Por lo tanto, la mayor parte de los entrevistados se introdujeron y dedicaron al negocio del coyotaje porque contaban con el sostén de un empleador estadounidense. La solidificación de un lazo de confianza entre empleador y empleado tras muchos años de relación laboral determinó que el primero propusiese al último que le ayudase a reclutar trabajadores indocumentados, o que el primero apoyase la iniciativa del último de conducir a algunos de sus paisanos hasta los Estados Unidos.

1 Mi agradecimiento a SEP/Conacyt por el apoyo recibido a través del Proyecto No. 155901 titulado: Coyotaje y migración indocumentada en Tamaulipas.

2 Los términos traficante de migrantes, coyote, pollero, agente facilitador del cruce fronterizo, así como tráfico de inmigrantes y coyotaje son utilizados como sinónimos.

3 Traducido por el autor.

4 Véase también Capozzola, 1999: 266.

5 La delincuencia organizada infunde tanto pavor a los polleros que no se atreven a mencionar los nombres de los cárteles. En este fragmento la entrevistada utiliza una misma palabra: “gente” para designar tanto a los migrantes como a los grupos delictivos.

Conclusiones

La intensificación del control fronterizo ha transformado el coyotaje: se ha incrementado la corrupción y los empleadores participan más activamente en este negocio. Los agentes facilitadores del cruce fronterizo han perdido autonomía. Pocos años atrás el coyotaje era un negocio independiente que ofrecía un servicio a migrantes autónomos que buscaban una mejora económica. Ahora pocos polleros pueden operar de modo independiente, sin pagar cuotas ni establecer alianzas con los empleadores. Las redes de tráfico de migrantes dependen de más actores para poder conducir a los migrantes desde el punto de origen hasta el lugar de destino en Estados Unidos. El coyotaje ha pasado a convertirse en el mecanismo utilizado por algunos empleadores estadounidenses para ajustar la demanda de mano de obra foránea no calificada con unas políticas migratorias que restringen el ingreso legal al país e impiden que los migrantes irregulares puedan cruzar de modo autónomo la frontera. Es decir, algunos sectores de la economía estadounidense se han tornado dependientes de las redes de tráfico de migrantes para satisfacer su apetito de trabajadores baratos y sumisos y para cubrir puestos de trabajo onerosos y mal pagados que la mano de obra local rechaza.

Las teorías migratorias dominantes en las tres últimas décadas se han forjado sobre el axioma del carácter autónomo y espontáneo de los procesos migratorios. La teoría económica ortodoxa explica la migración internacional como el producto de decisiones individuales autónomas guiadas por un cálculo de costos y beneficios. La nueva economía de la migración laboral entiende los procesos migratorios como el resultado de decisiones familiares tomadas de modo autónomo. Las teorías sociológicas muestran un excesivo ensimismamiento en las redes de relaciones sociales que unen a las personas residentes en las comunidades de origen y los migrantes que viven en el país de acogida y que generan un capital social que posibilita la migración internacional. La teoría institucional constituye una excepción, pero los teóricos institucionalistas no han desarrollado recientemente ninguna investigación influyente en el ámbito de la migración internacional.

El axioma de la naturaleza autónoma de la migración ha conducido a políticas relacionadas con controles más estrictos, tanto en la frontera como en el interior. Sin embargo, los resultados de esta investigación cuestionan la autonomía de los procesos migratorios; de modo que las políticas más adecuadas para hacer frente al problema migratorio aparecerían menos relacionadas con el control fronterizo y las deportaciones y más relacionadas con la imposición de sanciones efectivas a los empleadores.

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