México no está preparado para recibir a los connacionales que pudieran ser deportados al país, ante la entrada en vigor de la Ley SB-1070 en el estado norteamericano de Arizona, el próximo 29 de julio, coincidieron investigadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Colegio de la Frontera Norte (COLEF).

La insistencia de las autoridades de la localidad por implementar el decreto sólo refleja el trasfondo discriminatorio y clasista de la misma, ya que a pesar de que el boicot ha afectado el 40% de las actividades comerciales entre las ciudades fronterizas de Yuma, en Arizona y Nogales, en Sonora, no hay indicios de que puedan desistir de su implementación.

Lo anterior fue señalado  por los doctores Mario Camberos Castro, investigador del  CIAD y Tonatiuh Guillén López, investigador del COLEF, durante la XII videoconferencia para medios de comunicación organizada por los centros públicos de investigación Conacyt.

 

El doctor en Ciencias Económicas, Mario Camberos Castro, expresó su inconformidad por las medidas que impulsa la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ya que de acuerdo con los términos de esta iniciativa, cualquier persona con rasgos hispanos puede ser detenida, y enfrentar como delito el ser inmigrante.  

Señaló que ante la amplia interdependencia económica entre Arizona y Sonora, los efectos del boicot han sido severos para los empresarios norteamericanos, y ante el eventual cierre de pequeños y medianos negocios, el desempleo podría afectar hasta a treinta mil personas y el gobierno mexicano no está preparado para enfrentar una deportación masiva, ya que no sería organizada, ni mucho menos benéfica para el país.

Por su parte, el doctor en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología,  Tonatiuh Guillén López destacó la complejidad del problema, dada la interdependencia económica, social y cultural entre México y Estados Unidos, frente al endurecimiento de las medidas políticas, bajo el pretexto de preservar la seguridad nacional,  “…lo que más preocupa es que esta actitud antiinmigrante se convierta en una práctica institucional, jurídica que emane del Congreso de Arizona”.

Dio a conocer que en los últimos dos años ha descendido el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos como consecuencia de la disminución del mercado laboral y, frente al fortalecimiento de las medidas de seguridad en la frontera norte, pero la permanencia en territorio estadounidense se han incrementado, pese a que la ley  tiene un trasfondo ideológico, al reflejar un carácter racista, clasista y xenófobo.

Ambos académicos refirieron  que el impacto del boicot comercial sería mínimo, pese a su extensión hacia otras ciudades fronterizas, por lo que consideran que el gobierno mexicano debe optar por la vía jurídica ante los tribunales federales de Estados Unidos y los organismos internacionales.

El argumento sería el carácter discriminatorio de la ley, a la vez de explorar la difusión de una campaña mediática que denuncie esta situación, en función de que la opinión pública norteamericana es clave en este tema y dada la actitud reprobatoria mundial que prevalece contra las prácticas xenófobas, reiteraron.